NARCOTRÁFICO: El caso de Jorge Hugo Reyes Torres

NARCOTRÁFICO: El caso de Jorge Hugo Reyes Torres

ACTORES:

· Jorge Hugo Reyes Torres

· Policía Antinarcóticos

· Jueces Luis Abarca, Máximo Ortega y conjuez Edwin Salazar

· Waxhington Pesántez, Fiscal General del Estado.

· Xavier Arosementa, Presidente del Consejo de la Judicatura

· CONSEP

· Segunda Sala de la Corte Nacional de Justicia

· Magistrados de la Segunda Sala: Alfredo Albuja, Tito Yépez y Pablo Ortiz

· Presidente de la República, Rafael Correa

· Vicepresidente de la República, Lennin Moreno

ESCENARIOS

· Guayaquil, Quito y Santo Domingo (se realiza el operativo “Reyes Magos”- 1992)

· Penal García Moreno – Quito

· Corte Nacional de Justicia

ACONTECIMIENTOS:

Un tema que ha causado mucha polémica los últimos días es el caso de Jorge Hugo Reyes Torres, quien era considerado uno de los más grandes traficantes de drogas en Ecuador. Fue detenido por primera vez en 1992 y estuvo preso hasta el 2000. Un año después, fue apresado nuevamente por la Policía y desde entonces permaneció en el ex penal García Moreno en Quito.
Esta historia comienza el 19 de junio de 1992, cuando la Policía Nacional realiza un amplio operativo, en el cual se captura a Jorge Hugo Reyes Torres, de quien se sospechaba de ser el líder de una extensa red de narcotraficantes.A partir del 3 de agosto de 1992 se inician los juicios contra Reyes por narcotráfico, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, conversión y transferencia de bienes, lavado y blanqueo de dinero. Tres años después, el 15 de julio de 1995, la Corte Superior de Quito lo condena por narcotráfico.

En octubre de 1995, el Gobierno de EEUU donó a Ecuador $3’750.000,00 correspondientes a bienes confiscados de cuentas de Reyes en aquel país.

Anteriormente había sido liberado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero en enero del 2001, Jorge Hugo Reyes Torres sale en libertad después de haber cumplido su sentencia por narcotráfico. No obstante, el 28 de noviembre del mismo año, Jorge Hugo Reyes Torres vuelve a prisión con acusaciones de haber reincidido en el narcotráfico.

El 26 de septiembre de 2002, se condena a Jorge Hugo Reyes Torres a 25 años de reclusión mayor extraordinaria por delito de narcotráfico, sentencia que se halla en revocación en la Corte Suprema de Justicia. Según el dictamen, el artículo en el que se basa la sentencia a 25 años señala: "Quien organice, gestione, asesore o financie la realización de actividades o actos previstos por esta ley como delitos será sancionado con la pena de reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años y multa de 60 a 8 000 salarios mínimos vitales generales".

Sin embargo, en el proceso se hace referencia a las llamadas telefónicas realizadas entre Reyes y varios imputados por tráfico de droga, lo cual, a criterio de los jueces, no determina el cometimiento de un delito. Por lo que el 9 de septiembre de 2003, el presidente de la Corte de Quito absuelve a Reyes del delito de testaferrismo y a ocho personas más.

La Segunda Sala de lo Penal integrada por los jueces Luis Abarca, Máximo Ortega y Raúl Rosero, revocó la sentencia condenatoria impuesta a Reyes argumentando que se cometieron varias fallas en el proceso judicial respectivo, lo que significó la liberación de Reyes el pasado viernes 13 de junio. Además, ordenaron la devolución de los bienes que le fueron incautados al acusado.
Siendo así, el CONSEP estaría en la obligación de devolver los cuantiosos bienes incautados en el Operativo Ciclón.

La Procuraduría apeló la sentencia, y mientras el proceso continúa el CONSEP no está obligado a cumplir con la devolución, pero si el juez ratifica la sentencia significaría devolver casas, haciendas, vehículos, bodegas, fábricas, etc. Situación a la cual el Presidente Rafael Correa ha hecho un llamado a la Corte Nacional de Justicia a analizar la conducta de estos jueces. “Esto significa que a este pobre angelito hay que devolverle todas las propiedades… pobre víctima”, expresó.

Según un informe sobre los bienes que maneja el CONSEP, se descubrió que éste no tiene una Ley Orgánica que norme el manejo de esos bienes, por lo que la entidad termina también cometiendo delitos paralelos a los cometidos por los narcotraficantes a quienes se les ha incautado los bienes, puesto que nadie controla y tampoco norma su uso y destino. Cualquiera que fuese el final de este caso respecto a los bienes incautados en el Operativo Ciclón, esto debe considerarse como una alerta para que las autoridades encargadas del control de dichos bienes asuman su responsabilidad y se rijan por la ley.

RELACIÓN DE FUERZAS:

· La Corte Suprema de Justicia justifica la condena a Jorge Hugo Reyes Torres según el artículo que dice: "Quien organice, gestione, asesore o financie la realización de actividades o actos previstos por esta ley como delitos será sancionado con la pena de reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años y multa de 60 a 8 000 salarios mínimos vitales generales".

· En el proceso contra Reyes se hace referencia a las llamadas telefónicas realizadas entre él y varios imputados por tráfico de droga, lo cual, a criterio de los jueces, no determina el cometimiento de un delito.· La Segunda Sala de lo Penal integrada por los jueces Luis Abarca, Máximo Ortega y Raúl Rosero, revocó la sentencia condenatoria impuesta a Reyes argumentando que se cometieron varias fallas en el proceso judicial respectivo.

· El Presidente Rafael Correa ha hecho un llamado a la Corte Nacional de Justicia a analizar la conducta de estos jueces expresando: “Esto significa que a este pobre angelito hay que devolverle todas las propiedades… pobre víctima”.

CASO TELEAMAZONAS

CASO TELEAMAZONAS
Actualmente Ecuador atraviesa una guerra constante entre medios de comunicación y el gobierno. Esta problemática se agudizó después de la aprobación de la nueva constitución y de una serie de reformas que se han implantado en el poder legislativo del Estado, entre las cuales se delegó al Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) el control y regulación de la calidad de los programas de las estaciones de radio y televisión.

Así, el CONARTEL tiene como objeto brindar un ordenamiento legal para la televisión y radiodifusión que aporte un desarrollo técnico, económico y cultural al país, regular la información transmitida en espacios de televisión y radio para que concuerden los intereses propios con los de la comunidad sin perjuicio de la libertad de expresión, proteger los derechos de los profesionales de la televisión y de la radiodifusión para lograr la formación de un personal altamente calificado, entre otros.

Pero estas regulaciones no han sido bien tomadas por todos los medios de comunicación, como es el caso de Teleamazonas, que al parecer, ha sido el más perjudicado. Este canal afronta hasta el momento tres procesos legales con CONARTEL, que de aplicarse las sanciones correspondientes, significaría el cierre definitivo de esta frecuencia televisiva, lo que ha provocado una serie de protestas y disgustos tanto para los trabajadores del canal, como para sus seguidores.

El primer caso se dio en febrero, cuando CONARTEL aplicó una sanción de 20USD a Teleamazonas por haber transmitido la Feria Taurina de Ambato en un horario calificado como Apto para todo público, para esto, el CONARTEL se basa en el Art. 44 (reformado por el art.21 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95): “El CONARTEL regulará y controlará… la calidad artística, cultural y moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y televisión” y en el Art.19 de la Constitución: “se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia…” Caso al cual Teleamazonas apeló escudándose en que varios canales como Ecuavisa, Gama TV y TC Televisión también difundieron estas imágenes en la misma fecha.

El segundo proceso se inicia en mayo, cuando Antonio García, presidente del CONARTEL, solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones abrir una investigación administrativa contra el mismo canal para determinar posibles sanciones por haber transmitido el 8 de mayo, en vivo, el ingreso de un grupo de políticos de la oposición a un centro de cómputo clandestino donde, según ellos, estaban falseando resultados electorales de las elecciones del 26 de abril.

Según las declaraciones de Teleamazonas, el canal envió reporteros a este debido a la denuncia de los políticos que irrumpieron en el local, donde representantes del Consejo Nacional Electoral les dijeron que la sede era un centro de contingencia de la entidad electoral. Para aplicar esta sanción, el CONARTEL se basa en que el canal habría infringido los literales E y H del Art.58 del capítulo de prohibiciones de la Ley de Radiodifusión y Televisión que prohíbe: e) Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o conmociones sociales o públicas; h) realizar publicidad de artículos o actividades que la ley o los reglamentos prohíben.

De ser efectiva esta infracción, al ser el segundo proceso al canal, la sanción sería la suspensión de la frecuencia durante 90 días. No obstante, el vicepresidente del canal, Carlos Jijón, rechazó el pedido de CONARTEL pues considera que esto se debe a que los funcionarios públicos intentan congraciarse con el régimen atentando al canal de mayor oposición al gobierno.

Por otro lado, el 23 de abril, la parlamentaria andina María Alexandra Ocles, presenta una queja en contra de los contenidos del programa humorístico Vivos, que según ella ridiculizan la imagen de la población afro descendiente. Ante este reclamo, el CONARTEL emitió una nueva resolución que prohíbe “la transmisión de escenas o sonidos que induzcan, promuevan o se refieran a desigualdades, exclusión, discriminación, ridiculización o violencia por condiciones raciales, de identidad étnica o cultural, así como la transmisión de escenas o sonidos que induzcan o promuevan el sexismo y/o comercio sexual”.

Respecto a este tema, la constitución avala a las minorías el derecho a no ser discriminados, y la Ley de Radiodifusión y Televisión impide a los medios motivar el racismo y el sexismo. Sin embargo, IPYS y FUNDAMEDIOS consideran que esta resolución impide la libertad de expresión generando un clima de autocensura que obliga a los medios a revisar reiteradamente los contenidos de todos los espacios en base a una prohibición genérica de índole administrativa.

Pero estas medidas no han sido suficientes para presionar a los medios de comunicación, y en especial a esta estación, el 9 de junio, el CONARTEL inicia un nuevo proceso en contra de Teleamazonas por la transmisión de una noticia sobre las perforaciones que se realizarían en la isla Puna, en la provincia del Guayas, y que afectarían la pesca en esa región. Respecto a este hecho, el presidente Rafael Correa, en su cadena sabatina del 30 de mayo, advirtió que tomaría medidas legales contra el canal aduciendo que es una “información falsa”.

Esta serie de procesos en contra del canal que atentan su estabilidad, han causado gran conmoción en los espacios de prensa. Los representantes de Teleamazonas afirman qu se trata de una persecución política y esperan hacer justicia por la vía legal, así, Pablo Ortiz, abogado del canal, considera que tienen todos los argumentos legales para ganar pero que “definitivamente esto es una persecución”.

Antes de que el CONARTEL decida iniciar un tercer proceso contra Teleamazonas, las visitas a la estación aumentaron notoriamente, la ciudadanía se concentró en las afueras del canal para brindar su apoyo y solidaridad a este medio, las marcas representativas de estas protestas son la ropa negra y la boca sellada. En medio de estas acciones, se formó un Comité en defensa de la libertad de expresión en el que periodistas como Carlos Jijón, Fausto Yépez, Fredy Paredes, Jorge Iván Melo y Milton Pérez han encabezado el liderazgo.

Las herramientas de presión hacia televisoras privadas que minimizan y suprimen espacios de opinión contrarios a la gestión del gobierno de turno, procedimientos sancionatorios y fiscales que buscan inhabilitar canales de TV que emitan opiniones discrepantes al gobierno, el notable incremento de espacios del gobierno en televisión y prensa escrita, tanto en cadenas informativas como en propaganda política, y el ataque constante del gobierno a los medios de comunicación privados, son pruebas que demuestran que cada vez nos acercamos más al caso de Venezuela respecto a la batalla que existe entre medios de comunicación y gobierno.

Al parecer, Correa está empleando las mismas tácticas que Chavez para acallar a la prensa y cumplir su autoritarismo. Los medios de comunicación privados y cualquier premisa de oposición se han convertido en una amenaza para el mandante de turno, el mismo que no ha sabido lidiar con estos medios y se ha valido de insultos y ofensas simultáneas entre ambos sectores.

En Venezuela, la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV), apagó su señal después de 53 años de emisión debido a que el gobierno venezolano no renovó al canal la concesión de frecuencia estatal. RCTV había sido hasta ese momento, el canal más antiguo de la televisión en Venezuela, sin embargo, debido a la contrariedad entre este medio y el gobierno, la frecuencia pasó a manos de la cadena Teves, creada por el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Este caso produjo desconcierto, malestar y confusión en la población venezolana y en los representantes de distintos medios de comunicación, se realizaron una variedad de marchas y protestas que tuvieron resultados violentosCon estos hechos, vemos que el gobierno de Correa ya ha adoptado algunas medidas chavistas, mientras tanto, ciudadanos, representantes del medio, periodistas y artistas continúan sus protestas solidarizándose con el canal y reclamando la “violación a la libertad de expresión”.